Para defender los intereses de la banca y de una minoría de
especuladores, los gobiernos cómplices con el capital parasitario han gastado
más de 150.000 millones de euros del Estado en salvar a los banqueros,
privatizan los sectores estratégicos de la economía y los servicios públicos,
deterioran las condiciones laborales de los trabajadores, recortan los derechos
sociales y democráticos y amenazan las conquistas logradas por las clases
populares tras años de lucha.
Las consecuencias son evidentes para todos: millones de
trabajadores/as en paro, precariedad laboral, millones de familias en la
pobreza, desnutrición infantil, una juventud sin perspectivas de poder
desarrollar un proyecto de vida independiente, recortes continuos en sanidad,
educación, servicios sociales, miles de familias desahuciadas de su hogar por
impago de sus hipotecas, criminalización del derecho a decidir de la mujer,
etc.
La mayoría social no soporta pasivamente esta ofensiva y
crece la protesta. La respuesta del gobierno del Partido Popular consiste en
incrementar la represión contra la creciente respuesta social en
manifestaciones y movilizaciones, utilizando a la policía para responder al
clamor social. El Gobierno está desarrollando con rapidez un conjunto de
reformas legales que permiten la impunidad absoluta de su aparato represivo:
impidiendo el acceso libre de los ciudadanos a la justicia, permitiendo la
sanción arbitraria de quienes participen en manifestaciones y movilizaciones,
endureciendo el Código Penal hasta extremos inaceptables, etc.
Las organizaciones de izquierda y los ciudadanos que
expresan su hartazgo con esta situación son el objetivo: la reciente detención
de varios compañeros de la UJCE en Alcalá de Henares o la petición de ocho años
y tres meses de prisión a ocho trabajadores de Airbus miembros de un piquete en
la Huelga General de 2.010,condena a compañeros de Vigo a tres años de cárcel
por participar en un piquete informativo, son ejemplos del incremento de la
represión con que se quiere tapar la boca al pueblo.
El 22 de Marzo, Madrid acogerá en sus calles y plazas un
torrente de dignidad e indignación venido de todo el Estado. La Junta Estatal
Republicana llama a la participación masiva en esa cita.
El 22 de Marzo debe ser también un día para expresar la
unidad de la mayoría social contra un Gobierno y un régimen que levantan un
muro entre los trabajadores y las instituciones públicas que deben representar
los intereses generales. Un muro que debemos derribar para encarar unidos un
camino de progreso, que nos saque de una crisis que no hemos creado y que
amenaza nuestras vidas. Un camino hacia REPUBLICA FEDERAL, LAICA, PARTICIPATIVA
Y SOLIDARIA.
Por eso, la Junta estatal Republicana invita a la ciudadanía
a llenar de banderas republicanas las calles de Madrid y de consignas que
orienten la justa indignación de los pueblos de España contra los responsables
de este estado de cosas, exigiendo la dimisión del gobierno sumiso con los
poderosos y tiránicos con los ciudadanos, y la ruptura democrática con un
régimen incapaz de garantizar un desarrollo libre y solidario de nuestras
vidas.
Por la democracia y
la libertad
Por un Estado
republicano, democrático y federal
Gobierno dimisión.
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