Madre...¿ para qué sirve un rey?

 

Tendría yo unos trece años, todavía por aquel entonces, España estaba bajo la bota del dictador, yo trabajaba como botones en un hotel de la bahía de Sant Antoni de Portmany “Ses Sabines”.  Aquel era un día muy especial, según nos dijo el director:

—Al medio día visitarán Ibiza Sus Altezas Reales los príncipes de España.

De aquella reunión salimos todos los trabajadores del hotel con una banderita, franquista sin pollo; pero franquista, al fin y al cabo.

—Ahora todos a mostrar nuestro gran cariño a los futuros reyes de España —nos dijo el director, mientras yo miraba aquel trozo de plástico pegado a un palito de madera de mal pino. Y hacía la avenida doctor Fleming nos encaminamos todos, uniéndonos a los trabajadores de otros hoteles, algunos coreando antes de llegar las consignas que les habían dado sus jefes:

¡Viva España!

¡Viva Franco!

¡Vivan los príncipes!

Era consciente del cariño que tenía mi madre a los príncipes, al dictador, así que, como pude me deshice de aquel plástico, me escabullí y me largué a mi casa sin formar parte de aquella parafernalia. Al llegar, contra todo pronóstico, mi madre me riñó duramente, a pesar de que yo pensaba que me iba a felicitar, conociendo sus ideas republicanas. Todavía había mucho miedo en aquellos postreros años de la dictadura que creímos agonizante, y como los Pokémon, evolucionó para cambiar algo para que todo siguiese igual, la dictadura perfecta, aquella que sus víctimas llegan a creerse que viven en democracia.   Nuestras ideas de libertad se dejaban para la intimidad, como el catalán de Asnal, cual judíos conversos en tiempos de la Inquisición.

Como en otras ocasiones terminamos hablando de nuestras cosas y surgió la pregunta sobre la cuestión:

— Madre… ¿para qué sirve un rey?

Ella me señalo un rincón en el cual había colocado un jarrón con flores artificiales, viendo que no comprendía lo que me quería decir, se acercó al florero y cogiéndolo me lo puso cerca de la nariz para que oliese las flores, que al ser artificiales…

—No huelen, son flores que no sirven para nada, solo adornan… pero no cuestan prácticamente “cuartos”, si me costará un solo duro más de lo que pague para comprarlo, o tuviese que quitarle pan a mis hijos para mantenerlo, ya la habría tirado a la basura. Un rey no sirve para nada, no da ningún provecho, puede ser bonito para mucha gente, muchos de los han ido hoy estarán emocionados y recordaran este día durante muchos años; pero, cuando termine la visita volverán a sus trabajos a echar 14 horas diarias.(era lo que se trabajaba entonces en los hoteles) por un sueldo de miseria que no les dará ni para malcomer, todo para mantener a esa gente, esa gente que al contrario que estas flores que no cuestan un real. Los reyes nos cuestan una fortuna, un rey solo sirve para arruinar un país, como decía tu padre: con ningún rey los pobres nos hemos hartado, como mucho hemos hambreado...

Cuando ya el griterío y los vivas cesaron, pasada la visita me uní al resto de compañeros con otra banderita franquista, que me encontré en una papelera, en Ibiza por entonces ya había papeleras.  Me incorporé a mi puesto de trabajo y durante los próximos días tuvimos que recuperar las horas dando gritos de admiración a unos príncipes impuestos por un asesino, que él ni miraba y ella, según dicen, movía la mano como si la tuviese tonta.

   Mis compañeros entre tanta  multitud y emoción por haber visto unos príncipes, "tan guapos"  no se habían percatado de mi ausencia.  Todos gritaron enfervorizados, sin pensar en cómo vivían,  diciendo lo guapo que era el príncipe y lo bien vestida que iba la princesa y yo, pensando ¿para qué sirve un rey? y recordando las palabras de mi madre.

Cuarenta años después todavía hoy me sigo preguntando para qué sirve un rey. La comparación con el florero la he pensado en muchas ocasiones; pero no me convence, a pesar de la sabiduría campesina de mi madre:

 En el florero se gastaba mi madre 3 duros y duraba años, no serviía para nada pero tampoco requería mucho gasto de mantenimiento, tres duros y pasar el trapo de vez en cuando.  La monarquía, un rey hay que estar pagándole de por vida, a él y a su familia, sea listo o tonto, honrado o ladrón.  Con lo que recibe, con lo que nos cuesta la monarquía, más de 500 millones de euros anuales, podrían comer muchas familias que pasan hambre en esta España triste y maltratada. Además, por si fuese poco, todas las navidades se cuela en nuestra casa siguiendo la costumbre del dictador que le apadrinó, así que en mi casa debo estar atento y apagar el televisor unos minutos antes de las nueve para que no me fastidie las navidades, que termina fastidiándomelas, porque luego los lameculos de todas las televisiones se tiran una semana emitiendo “sus sabias palabras” que otros le han escrito y él con torpeza se ha limitado a leer, sin venir a cuento.

 En este año bisiesto da la impresión de que nos hemos caído todos del guindo monárquico, el campechano Juan Carlos, ya no lo parece tanto, todo comenzó por un yernísimo metido a negocios, en palabras del propio rey, no ejemplares.  Continuó, vaya casualidad, un 14 de abril, día de la República, gracias a un accidente de madrugada bajando de la habitación de una mujer que no era su esposa. Accidente por el cual nos enteramos que el rey había ido de caza a Bostwana, a matar inocentes elefantes, en estos tiempos de crisis, ese safari había costó 37.000 euros por persona, más de seis millones de pesetas, y no iba solo, que bien acompañado iba, y tal vez con milagros azules.  

Ante tal desprecio a quienes lo mantenemos a cuerpo de rey, pide perdón, del mismo modo que lo hubiese hecho mi hijo cuando contaba tres años. Y los baboseantes cortesanos y políticos rastreros elogian su presunta campechanía, que yo, torpe que soy, no veo.

Contináa con distintas declaraciones, que alguien desde el gobierno, de manera torpe le escribe, pero que él no está obligado a decirlas, en las cuales alaba las medidas económicas del Gobierno.  Luego sale un amigo del rey, un tal Antonio Sánchez) un auténtico impresentable, que la lía parda defendiéndolo, el cual justifica la cacería de elefantes y llama analfabetos a todos los españoles por pedirle cuentas sobre nuestro dinero. 

Más tarde se siguen destapando más historias del yernísimo, nos enteramos de que, el rey, aparte de las cacerías en el extranjero, de las cuales nos hemos enterados gracias a Mitrofan y al elefante muerto, cuyo espíritu traerá la República, también tiene un coto que costeamos todos los españoles y que nos cuesta la friolera de 600.000 euros al año, entre gastos del coto y las perdices que le proporciona un amigo suyo, presuntamente vinculado a la mafia china.

Y sigo preguntándome, a estas alturas del siglo XXI… ¿O estamos en el XIX?   ¿Para qué sirve un rey?

Alguien podría salir con el tópico ese de "por lo menos es el mejor embajador de los intereses de España en el extranjero", lo cual viene a ser como constatar el patético hecho de que a falta de un verdadero prestigio basado en la calidad de los productos españoles, de la seriedad de sus empresas, bien vale un monarca "simpático y dicharachero" para animar a los mandamases extranjeros a que compren los productos fabricados en España o inviertan aquí, así nos va. Cada vez con la industria española más por los suelos.

 Un poquito de por favor que no somos tan tontos para creernos esa milonga. Que se sepa ni Francia ni Alemania, Finlandia o Corea del Sur, tienen precisamente jefes de Estado simpáticos y dicharacheros, y mira tú..., eso sí tienen empresarios y gobiernos que apuestan por el I+D+I , mientras que aquí tenemos un gobierno que ha anulado por completo la ayuda al I+D+I y unos empresarios que solo piensan en recibir beneficios, a ser posible en paraísos fiscales, sin gastarse un duro en que sus empresas funcionen, esperaran como la ministra de empleo que  la Virgen del Rocío obre el milagro de los panes y los peces.

¿Para qué sirve un rey entonces?

La constitución del 78 yo no la he votado, ni yo ni el 100% de los españoles con menos de 52 años, y los mayores de esa edad la votaron poco más de 15 millones, si se tiene en cuenta que el 70% de los españoles tenemos menos de esa edad de 52 años y que me quede a días de poderla votar, se puede decir que esa constitución está ya más que caducada, pues no fue votada ni por el 15% de los españoles vivos, con lo cual, es papel mojado que no sirve para nada.

El rey, el 22 de noviembre de 1975, ante las Cortes, Juró los Principios Fundamentales del Movimiento, y fue proclamado Rey de España, sin que haya jurado la constitución que tanto alaban y que le consagra a él y a su familia y herederos para vivir a cuerpo de rey de por vida. Paradójicamente, obligan a jurar o prometer acatar la constitución a los representantes del pueblo, que a quien deben jurar y respetar es a sus electores, que puede que estén en contra de esa constitución, de esa virgen que ha sido violada y le ha recosido el virgo, vendiéndola como pura. 

Tiene inmunidad total penal. Pero no sólo él, sino que toda su familia directa, también. La figura del Rey es "intocable" en los medios españoles, no así en el extranjero, donde se considera que la fortuna personal del rey es una de las mayores del mundo, a pesar de que parecía que llegó con una mano delante y otras detrás.

La monarquía cada día se muestra más anacrónica, cada vez somos más los españoles que lo vemos como algo propio de la edad media, del siglo XIX, que decía antes, algo tan inútil como costoso.             

¿Por qué aplicar salvajes recortes sociales si aboliendo la monarquía nos ahorraríamos un pastón? 

Cuando mi madre, hace cuarenta años, me dijo que un rey no servía para nada, hoy en día menos todavía, es una mera figura decorativa, que, a diferencia del florero de mi madre, sí nos cuesta una autentica fortuna.  Lo lógico es, que cuando el heredero del dictador se muera, se convoque un referéndum democrático para decidir como pueblo maduro si deseamos continuar cumpliendo los deseos de un sanguinario dictador o recuperar la soberanía arrebatada por aquellos liberticidas.  A lo que le tengo miedo es que quienes ahora dicen la estupidez tan cacareada por gallos capones: "Soy republicano, pero mientras que viva don Juan Carlos, seré juancarlista…"

Sin duda, Después, después  continuaran traicionando la democracia y la soberanía nacional y de por la puerta de atrás nos vuelvan a colocar a otro heredero de Franco, que al igual que el actual, no servirá para nada, bueno, sí, para vivir a cuerpo de rey a costa de los españoles.

Cuarenta años después de que mi madre me dijese que un rey no servía para nada, todavía ando buscando alguna razón para no gritar:

¡Viva la República!

Paco Arenas

También en:
http://www.unidadcivicaporlarepublica.es/index.php/iii-republica/5735-ipara-que-sirve-un-rey 

José I (Pepe Botella)

 

Tras la traición de los borbones en Bayona, Napoleón puso como rey de España y de las Indias a su hermano José Bonaparte.  Como siempre a la mayoría del pueblo llano les importaba un pimiento que en la corte estuviese un Borbón o un Bonaparte, como decía un viejo anarquista de mi pueblo, de nombre Raimundo, “quienes debemos sacar la basura, seremos siempre los mismos”...

LA GRAN ESTAFA DE CATALUNYA

La gran estafa en Catalunya (Partes I y II)

Escrito por Vicenç Navarro
Sábado, 27 de Octubre de 2012 00:00
Catalunya es uno de los poquísimos países de la Eurozona en el que el Gobierno, a pesar de ser uno de los gobiernos que han llevado a cabo con mayor intensidad la política de recortes de gasto público, incluyendo gasto público social, y haber apoyado reformas laborales orientadas a facilitar el despido de los trabajadores y empleados, no ha perdido sustancialmente el apoyo popular que determinó su victoria electoral -hace casi dos años-, victoria basada en parte en un programa electoral que excluía el desarrollo de tales políticas, tal como también, por cierto, hizo el Partido Popular que gobierna actualmente en España (que sí ha sufrido una pérdida de apoyo electoral). ¿Cómo es que la política de recortes ha tenido un coste electoral al partido gobernante en España y a la gran mayoría de los partidos gobernantes en la UE, y no la ha tenido en Catalunya? Las causas de esta situación, claramente excepcional, es que tal Gobierno de la Generalitat de Catalunya, que tiene pleno control de los mayores medios públicos de información públicos, tales como Catalunya Ràdio y la Televisió de Catalunya (TV3, C33, 3/24, etc.), y que goza del apoyo de la mayoría de medios de información privados, ha sido exitoso en promover el mensaje de que “no hay alternativas” a tales políticas, debido al enorme déficit público que había dejado el Gobierno tripartito anterior (y que se encontró “inesperadamente” cuando llegó al Gobierno) y también al “expolio de Catalunya por parte de España” que había creado un enorme agujero en las arcas de la Generalitat de Catalunya. El término un tanto belicista de “expolio” se refiere al déficit fiscal de Catalunya versus el Estado español, es decir, la diferencia entre lo que los ciudadanos que viven en Catalunya contribuyen con sus impuestos y lo que reciben del mismo Estado a través del gasto público. De esta lectura de las causas del problema financiero de tal Gobierno, la coalición gobernante CiU (una coalición de un partido liberal, Convergència Democràtica de Catalunya, perteneciente a la Internacional Liberal, y un partido cristianodemócrata, Unió Democràtica de Catalunya, perteneciente al grupo del Partido Popular Europeo, el mismo, por cierto, al que pertenece el Partido Popular) ha propuesto (además de recortar el gasto público para reducir el déficit y así corregir los supuestos excesos de gasto incurridos por la coalición de partidos de izquierdas que constituyeron el Gobierno anterior), una redefinición de la relación financiera entre el Estado central español y la Generalitat de Catalunya, proponiendo un pacto fiscal encaminado a desarrollar un concierto económico semejante al existente en el País Vasco y en Navarra. Esta petición, a partir de la manifestación del 11-S (que exigía un Estado propio para Catalunya) que reunió a un millón y medio de personas en las calles de Barcelona, se convirtió, en manos del Gobierno Mas, en un mero eslabón en el camino hacia la independencia de Catalunya, objetivo que no estaba en el programa electoral de CiU ni tampoco era un objetivo deseado por el Gobierno de la Generalitat para tal manifestación del 11-S que, según CiU, debería haberse centrado en la demanda por un pacto fiscal entre Catalunya y el Estado español. Es obvio que el Gobierno Mas quedó desbordado por la propia manifestación y que intenta ahora canalizar esta protesta (que en otros países hubiera sido en contra del propio Gobierno) hacia el Estado español. El enorme enfado popular hacia los recortes, entre muchos otros agravios, se intenta canalizar, no en contra de la Generalitat y su partido, CiU, sino hacia el Gobierno de España gobernado por el mayor aliado que CiU ha tenido en el desarrollo de sus políticas. Las contradicciones del argumentario de CiU En la línea argumentativa de CiU hay varios hechos que se ignoran y/o ocultan. Veamos los datos. La deuda de la Generalitat pasó de ser el 7% del PIB catalán en 2003 (cuando inició su mandato el primer tripartito) al 17% en 2010 (cuando terminó el mandato del 2º Gobierno tripartito). Durante este periodo, el gasto público social en los servicios públicos del Estado del bienestar subieron como nunca antes habían subido: en esos cuatro años se aumentó el gasto en protección social en 1.025 euros por habitante, pasando de 3.781 euros a 4.806 euros, mientras que en los cuatro años anteriores el aumento había sido de 768 euros, es decir 257 euros por habitante menos. En 2010, el Gobierno Mas comenzó su gobierno con el intento de bajar tal deuda pública. Pero a pesar de los enormes recortes, cuya intensidad no tenía precedentes ni en Catalunya ni en España, la deuda pública se disparó pasando del 17% del PIB en Catalunya al 22% en 2012, uno de los mayores incrementos de la deuda pública ocurridos en los países de la Eurozona. Las causas de ello eran previsibles, tal como indicamos unas pocas voces, marginadas cuando no insultadas en tales medios públicos de la Generalitat (ver ”Comentario del profesor Navarro a los hechos vergonzosos que ocurrieron en la entrevista que le hizo Manel Fuentes en Catalunya Ràdio” ). Los recortes del Gobierno Mas, junto con los del Gobierno del PP (aprobados en las Cortes Españolas con el apoyo del partido gobernante en la Generalitat de Catalunya, CiU), acentuaron de una manera muy marcada la recesión económica, con la consecuente bajada de actividad económica y disminución de los ingresos al Estado. Se ha mostrado una vez más que las políticas de austeridad han sido un suicidio económico, tal como incluso el Fondo Monetario Internacional (que ha sido una de las instituciones que más ha presionado a los gobiernos para que se hagan tales recortes de gasto público, incluyendo el social) ha tenido que reconocer en un reciente informe (ver mi artículo “Los neoliberales deberían pedir perdón al pueblo al pueblo español, incluido el catalán”, El Plural, 22.10.12). Pero la otra causa del descenso de los ingresos al Estado era la bajada de impuestos que el Gobierno español, con el apoyo de CiU había llevado a cabo durante el periodo de expansión económica. Tal bajada de impuestos creó un crecimiento del déficit público estructural del Estado (y de la Generalitat), dato silenciado en la mayoría de medios de la Generalitat de Catalunya. En realidad, según los datos del Ministerio de Hacienda, la aplicación de la reforma fiscal del 2006 (aprobada con el apoyo de CiU) a nivel del estado español (y que naturalmente afectó a los ingresos de la Generalitat) significó una bajada de ingresos (equivalente a 19.540 millones de euros) en 2007, bajada de impuestos que fue muy acentuada en el impuesto de Sociedades y en las rentas superiores. El impacto de tal bajada de impuestos en los ingresos al Estado, que también afectaba a la Generalitat, ha sido una de las noticias menos visibles en los medios de mayor difusión en Catalunya. Tal bajada de impuestos causó, como he indicado, un aumento del déficit público estructural, tanto del Estado como de la Generalitat de Catalunya, déficit que apareció con toda claridad cuando el crecimiento económico se frenó y finalmente se colapsó, resultado del estallido de la burbuja inmobiliaria. Cómo respondió CiU a la crisis Cuando el déficit público se incrementó, la respuesta de CiU fue apoyar medidas de recortes de gasto público llevadas a cabo por los gobiernos españoles y más tarde, cuando gobernó la Generalitat de Catalunya, realizarlas con gran intensidad con la intención –según declaraciones de los portavoces del Gobierno CiU- de impresionar a Bruselas de la “seriedad y compromiso del Gobierno de la Generalitat”, homologando seriedad con la voluntad de tomar medidas impopulares (tal como también ha dicho y hecho el portavoz del Gobierno del PP en España). Estos recortes se hicieron con el argumento de que “no había otra alternativa”, mensaje promovido activamente por los medios de información, tanto públicos como privados, ocultando que sí que había alternativas. Veámoslas. CiU aprobó en las Cortes Españolas la propuesta del Gobierno Zapatero de congelar las pensiones, incluyendo, naturalmente, las pensiones catalanas (con el fin de ahorrar 1.200 millones de euros, dedicados a reducir el déficit público). Podría haber tomado, sin embargo, otras medidas que hubieran conseguido incluso más fondos. Así, CiU podría haber apoyado el mantenimiento del impuesto de patrimonio (con lo cual se habrían conseguido 2.100 millones de euros) en lugar de eliminarlo, como hizo. O podría haber apoyado la eliminación de las rebajas (que respaldó) en el impuesto de sucesiones (por valor de 2.552 millones de euros), o podría haber apoyado revertir la bajada de impuestos (que había aprobado) de las personas que ingresaban más de 120.000 euros al año, consiguiendo 2.500 millones. Un tanto idéntico podría haber hecho con los recortes, incluso más intentos, realizados por el Gobierno del PP, presidido por el Sr. Rajoy. Así, en lugar de apoyar los recortes del Gobierno Rajoy (que han impuesto una reducción de 6.000 millones de euros en la sanidad pública, que tendrá como consecuencia el desmantelamiento de tal servicio público), CiU podría haber apoyado la anulación de la bajada de impuestos de sociedades (que CiU había aprobado) de las grandes empresas que facturan más de 150 millones de euros al año (que representan un 0,12% de todas las empresas de España), consiguiendo con ello 5.300 millones de euros para el erario público (incluyendo a la Generalitat de Catalunya). O CiU podría haber apoyado en las Cortes Españolas la reducción del subsidio que el Estado da a la Iglesia Católica para impartir docencia de religión católica en las escuelas públicas (incluidas las catalanas) a fin de ahorrar 600 millones de euros, permitiendo evitar los recortes a los servicios domiciliarios a las personas con discapacidades y dependientes. Y aquí, en Catalunya, el Gobierno CiU podría haber reducido su déficit a base de aumentar los ingresos a la Generalitat de Catalunya en lugar de centrarse tanto en los recortes. Incluso el Gobierno Cameron de Gran Bretaña, con afinidades políticas a las del Gobierno Mas, intentó reducir el déficit público, no sólo recortando el gasto público, sino también aumentando los impuestos. El Gobierno Obama de EEUU intentó una reducción del déficit a base de un equilibrio 50%/50%. Y el Gobierno socialista francés acaba de aprobar un presupuesto en el que el 80% de la reducción del déficit público se ha hecho a costa de aumentar los impuestos del capital y de las grandes fortunas, y sólo un 20% a base de más recortes del gasto público. No así el Gobierno Mas. El 98% de la reducción del déficit se ha hecho a base de recortes. El mayor problema del retraso social de Catalunya y de España es la escasez de recursos del Estado, incluyendo de la Generalitat de Catalunya El Gobierno Mas podría haber evitado muchos de sus recortes si hubiera recogido fondos ya existentes en Catalunya. Catalunya no es pobre. Su PIB per capita es el 110% del promedio de la UE-15. Su gasto público social, sin embargo, es sólo el 73% del promedio de la UE-5. Si fuera el 110%, Catalunya se gastaría casi 20.000 millones más que no se gastan, porque la Generalitat no los recoge. La Generalitat podría haber recogido, por ejemplo, 2.788 millones de euros mediante las siguientes medidas: 1.000 millones de euros a través de un impuesto finalista progresista que fuera a la sanidad pública, tal como ha hecho el Gobierno canadiense; 600 millones de euros a base de gravar los beneficios exuberantes del capital financiero (tal como ha sugerido, paradójicamente, el Fondo Monetario Internacional); 400 millones de euros manteniendo el impuesto de sucesiones; 538 millones de euros a base de recuperar el impuesto de patrimonio, modificándolo para centrarse en las grandes fortunas; 150 millones modificando las multas y sanciones para hacerlas progresivas (es decir, que una multa sancionadora sea mayor en la medida en que los ingresos de la persona o institución sancionada sean mayores, tal como ocurre en los países nórdicos); 150 millones de euros en impuestos verdes, haciendo pagar 5 euros por cada vuelo que despegue de aeropuertos catalanes, y así un largo etcétera. Ninguna de estas medidas, por cierto, hubiera afectado a la mayoría de la ciudadanía a la que sí, en cambio, le afectan los recortes en sanidad, educación y otros servicios públicos de la Generalitat. Y, naturalmente, podría también reducirse, camino de eliminarse, el enorme fraude fiscal, muy acentuado entre las rentas superiores de Catalunya y en las grandes empresas. Aplicando a Catalunya la metodología utilizada por los técnicos de Hacienda para calcular el tamaño del fraude, éste es en Catalunya de 18.000 millones de euros (cifra que los propios técnicos consideran muy conservadora). CiU no se ha distinguido, ni en las Cortes Españolas ni en el Parlament de Catalunya, por haber iniciado o apoyado medidas correctoras de tal fraude. Otras fuentes de ingreso para la Generalitat de Catalunya, que hubieran evitado los recortes, hubieran sido apoyar el aumento de impuestos al tabaco y al alcohol que hubieran podido recoger 200 millones, fondos que hubieran repercutido en mayores ingresos para Catalunya, o exigir a las mutuas patronales de accidentes y enfermedades laborales que paguen al sistema sanitario público catalán los gastos de atender a los pacientes accidentados o enfermos por causas laborales, y que hoy no pagan (representando un déficit de la sanidad pública de 230 millones de euros). Todas estas son medidas que CiU y su Gobierno podría haber apoyado en las Cortes españolas, y aprobado y/o llevado a cabo en su gobierno, y que no hicieron. Y el que no lo hicieran responde a causas políticas. Es decir, hubieran afectado a los grupos sociales o intereses financieros y económicos que CiU representa o a los que no se atreve a enfrentarse. Como dijo recientemente un dirigente de Cáritas en Catalunya, ¿cómo los políticos pueden dar tanto dinero a la banca (CiU ha sido el partido que más ha apoyado al PP en el rescate bancario), y tan poco dinero a las poblaciones vulnerables que hoy están sufriendo enormemente? La respuesta del Gobierno CiU al incremento de la pobreza fue hacer la Maratón Antipobreza de la televisión pública TV3, que recogió 4 millones de euros. Si CiU y su aliado en las Cortes y en el Parlament (el PP) hubieran aprobado un impuesto sobre las transacciones bancarias de corto plazo (la mayoría de clara orientación especulativa) la Generalitat habría obtenido 300 millones de euros. Todas estas son medidas que CiU podría haber llevado a cabo en su Gobierno que hubiera podido hacerse como alternativas a los recortes. Ahora bien, ¿cómo es que, con la evidencia existente, y que presento en este artículo, el Gobierno CiU no sólo no está perdiendo popularidad, sino que puede ganar por mayoría? La respuesta es el argumento del “expolio”. El déficit fiscal es un problema, pero no es el mayor problema de Catalunya En cuanto al “expolio”, hay que indicar que, detrás de tal término belicista existe una realidad que le cuesta mucho al Estado español reconocer. Y es que la contribución de los impuestos derivados de Catalunya es excesiva (según los parámetros comparativos de transferencias interregionales en la mayoría de países de la Eurozona), en relación a los fondos que recibe del Estado. Esta es una realidad, cuya falta de reconocimiento por parte del Estado Central es un indicador más de un problema mayor, que es el gran desequilibrio que existe en la relación Estado Central-versus Catalunya a favor del primero y a costa del segundo (ver mi artículo “El nacionalismo españolista”. Sistema, 05.10.12). La constante oposición del establishment español, centrado en Madrid, al reconocimiento de la plurinacionalidad de España, ha sido la mayor fuente de frustración en grandes sectores de la población catalana, una falta de reconocimiento que aparece también en la decisión del Tribunal Constitucional de vetar puntos clave del Estatuto de Catalunya aprobado por referéndum por la población catalana. Complementando esta decepción hubo la falta de respuesta y protesta por parte del establishment español (cuyas Cortes Españolas habían aprobado previamente tal Estatuto), después del “cepillazo” -término ofensivo que incluso causó gracia en el establishment madrileño- a la propuesta aprobada por el Parlamento Catalán. La falta de protesta del Gobierno Zapatero a tal hecho por parte de aquel establishment fue un factor contribuyente a la generalización del enfado en Catalunya hacia el Gobierno central. Pero el punto final que ha rebosado el vaso ha sido la victoria del PP, que fue el partido que había llevado el Estatuto al Tribunal Constitucional, y cuya postura hostil hacia las reivindicaciones en Catalunya se ha traducido en sus declaraciones y comportamientos. El Gobierno no ha tomado ninguna medida sancionadora, por ejemplo, contra el militar que amenazó con una intervención militar ocupando Catalunya, de nuevo un caso que demuestra no solo la enorme insensibilidad democrática del Gobierno PP sino también su hostilidad hacia Catalunya. Ahora bien, dicho todo lo que he dicho, varias realidades necesitan añadirse. Una de ellas es que la mayor fuerza política que ha apoyado las políticas neoliberales que ha estado aprobando el PP y que están causando unos enormes daños a las clases populares catalanas ha sido precisamente CiU. Y la otra vertiente es que, en reciprocidad, la fuerza política que ha apoyado constantemente las políticas neoliberales y regresivas en Catalunya ha sido el PP. Tales políticas están desmantelando el Estado del bienestar en Catalunya convirtiendo un Estado universal (con derechos universales que se aplican a toda la ciudadanía) en un Estado asistencial (para las personas sin recursos o especialmente vulnerables) con un gran debilitamiento de la fuerza del trabajo y una disminución de los derechos laborales, todo ello acompañado con una disminución de los derechos civiles y aumento de la represión. Esto ha sido ocultado en los medios de comunicación de la Generalitat de Catalunya que han jugado un papel clave con su silencio ensordecedor sobre la naturaleza de estos hechos. TV3 ha alcanzado unos niveles de instrumentalización desconocidos desde la era pujolista, enfatizando la inevitabilidad de esta reforma y el “expolio” de Catalunya por parte de España. Tal expolio, sin embargo, no puede explicar el enorme déficit social de Catalunya. Explica parte pero no todo. De hecho, los datos de gasto en protección social de 2007 para Catalunya, que son los últimos disponibles, muestran que si se destinaran los recursos que configuran el déficit fiscal (que la Generalitat considera que es el 8% del PIB catalán) a gasto social según la asignación actual del presupuesto de la Generalitat, el gasto social por habitante en Catalunya todavía estaría lejos de alcanzar la cifra que le correspondería por el nivel de riqueza que tiene. En realidad, pasaría de 5.475 unidades de poder de compra (upc, unidades monetarias que tienen idéntica capacidad de compra, estandarizando el poder adquisitivo de países con diferente nivel de riqueza) a 6.236 upc, una cantidad todavía muy lejos de los 8.210 upc que se debería gastar por el nivel de riqueza que tiene. La mayor causa del retraso social de Catalunya es la misma causa del subdesarrollo social de España (como documenté en mi libro El subdesarrollo Social de España), es decir, el enorme dominio de las fuerzas conservadoras sobre el Estado español (incluido el catalán) a lo largo de su historia, y que se ha cristalizado durante estos dos años en la alianza PP-CiU en las Cortes Españolas, y CiU-PP en el Parlament. Y ahora ambas formaciones políticas están agitando las banderas con fines electorales. Esta es la gran estafa y el fraude existente hoy en Catalunya y en España. La coalición gobernante de Catalunya, que tiene gran responsabilidad en el retraso social de las clases populares de Catalunya, se presenta ahora como la gran defensora del pueblo catalán, convirtiendo a su máximo aliado, el PP, en su máximo adversario, enarbolando la bandera catalana para mantenerse en el poder y continuar siguiendo las políticas neoliberales que han hecho tanto daño. Ahora bien, los enfadados que marcharon en las calles de Barcelona el 11-S pidiendo autogobierno y el derecho a decidir (lo cual comparto), deben ser conscientes de que en la medida que voten a tal partido y a tal Gobierno, el motivo de su enfado no se resolverá, pues una futura Catalunya bajo el Gobierno CiU será muy semejante a la Catalunya de hoy, con los mismos recortes, las mismas políticas fiscales regresivas, la misma instrumentalización de los medios públicos, el mismo retraso social de Catalunya y la misma inmunidad frente a la corrupción que ha salpicado tan extensamente a este partido y a este Gobierno. ¿Es esta la Catalunya que desean? No es la Catalunya por la que la generación de mis padres, mi generación y generaciones posteriores lucharon durante la dictadura para que nuestros hijos y nietos pudieran vivir libremente en una Catalunya con democracia, pluralidad y justicia social. Esta Catalunya no existe y tampoco existirá si las fuerzas conservadoras dominan la transición de esta Catalunya a la otra Catalunya. La Gran estafa. II Parte Catalunya es uno de los poquísimos países de la Eurozona en el que el Gobierno, a pesar de ser uno de los gobiernos que han llevado a cabo con mayor intensidad la política de recortes de gasto público, incluyendo gasto público social, y haber apoyado reformas laborales orientadas a facilitar el despido de los trabajadores y empleados, no ha perdido sustancialmente el apoyo popular que determinó su victoria electoral -hace casi dos años-, victoria basada en parte en un programa electoral que excluía el desarrollo de tales políticas, tal como también, por cierto, hizo el Partido Popular que gobierna actualmente en España (que sí ha sufrido una pérdida de apoyo electoral). ¿Cómo es que la política de recortes ha tenido un coste electoral al partido gobernante en España y a la gran mayoría de los partidos gobernantes en la UE, y no la ha tenido en Catalunya? Las causas de esta situación, claramente excepcional, es que tal Gobierno de la Generalitat de Catalunya, que tiene pleno control de los mayores medios públicos de información públicos, tales como Catalunya Ràdio y la Televisió de Catalunya (TV3, C33, 3/24, etc.), y que goza del apoyo de la mayoría de medios de información privados, ha sido exitoso en promover el mensaje de que “no hay alternativas” a tales políticas, debido al enorme déficit público que había dejado el Gobierno tripartito anterior (y que se encontró “inesperadamente” cuando llegó al Gobierno) y también al “expolio de Catalunya por parte de España” que había creado un enorme agujero en las arcas de la Generalitat de Catalunya. El término un tanto belicista de “expolio” se refiere al déficit fiscal de Catalunya versus el Estado español, es decir, la diferencia entre lo que los ciudadanos que viven en Catalunya contribuyen con sus impuestos y lo que reciben del mismo Estado a través del gasto público. De esta lectura de las causas del problema financiero de tal Gobierno, la coalición gobernante CiU (una coalición de un partido liberal, Convergència Democràtica de Catalunya, perteneciente a la Internacional Liberal, y un partido cristianodemócrata, Unió Democràtica de Catalunya, perteneciente al grupo del Partido Popular Europeo, el mismo, por cierto, al que pertenece el Partido Popular) ha propuesto (además de recortar el gasto público para reducir el déficit y así corregir los supuestos excesos de gasto incurridos por la coalición de partidos de izquierdas que constituyeron el Gobierno anterior), una redefinición de la relación financiera entre el Estado central español y la Generalitat de Catalunya, proponiendo un pacto fiscal encaminado a desarrollar un concierto económico semejante al existente en el País Vasco y en Navarra. Esta petición, a partir de la manifestación del 11-S (que exigía un Estado propio para Catalunya) que reunió a un millón y medio de personas en las calles de Barcelona, se convirtió, en manos del Gobierno Mas, en un mero eslabón en el camino hacia la independencia de Catalunya, objetivo que no estaba en el programa electoral de CiU ni tampoco era un objetivo deseado por el Gobierno de la Generalitat para tal manifestación del 11-S que, según CiU, debería haberse centrado en la demanda por un pacto fiscal entre Catalunya y el Estado español. Es obvio que el Gobierno Mas quedó desbordado por la propia manifestación y que intenta ahora canalizar esta protesta (que en otros países hubiera sido en contra del propio Gobierno) hacia el Estado español. El enorme enfado popular hacia los recortes, entre muchos otros agravios, se intenta canalizar, no en contra de la Generalitat y su partido, CiU, sino hacia el Gobierno de España gobernado por el mayor aliado que CiU ha tenido en el desarrollo de sus políticas. Las contradicciones del argumentario de CiU En la línea argumentativa de CiU hay varios hechos que se ignoran y/o ocultan. Veamos los datos. La deuda de la Generalitat pasó de ser el 7% del PIB catalán en 2003 (cuando inició su mandato el primer tripartito) al 17% en 2010 (cuando terminó el mandato del 2º Gobierno tripartito). Durante este periodo, el gasto público social en los servicios públicos del Estado del bienestar subieron como nunca antes habían subido: en esos cuatro años se aumentó el gasto en protección social en 1.025 euros por habitante, pasando de 3.781 euros a 4.806 euros, mientras que en los cuatro años anteriores el aumento había sido de 768 euros, es decir 257 euros por habitante menos. En 2010, el Gobierno Mas comenzó su gobierno con el intento de bajar tal deuda pública. Pero a pesar de los enormes recortes, cuya intensidad no tenía precedentes ni en Catalunya ni en España, la deuda pública se disparó pasando del 17% del PIB en Catalunya al 22% en 2012, uno de los mayores incrementos de la deuda pública ocurridos en los países de la Eurozona. Las causas de ello eran previsibles, tal como indicamos unas pocas voces, marginadas cuando no insultadas en tales medios públicos de la Generalitat (ver ”Comentario del profesor Navarro a los hechos vergonzosos que ocurrieron en la entrevista que le hizo Manel Fuentes en Catalunya Ràdio” en www.vnavarro.org). Los recortes del Gobierno Mas, junto con los del Gobierno del PP (aprobados en las Cortes Españolas con el apoyo del partido gobernante en la Generalitat de Catalunya, CiU), acentuaron de una manera muy marcada la recesión económica, con la consecuente bajada de actividad económica y disminución de los ingresos al Estado. Se ha mostrado una vez más que las políticas de austeridad han sido un suicidio económico, tal como incluso el Fondo Monetario Internacional (que ha sido una de las instituciones que más ha presionado a los gobiernos para que se hagan tales recortes de gasto público, incluyendo el social) ha tenido que reconocer en un reciente informe (ver mi artículo “Los neoliberales deberían pedir perdón al pueblo al pueblo español, incluido el catalán”, El Plural, 22.10.12). Pero la otra causa del descenso de los ingresos al Estado era la bajada de impuestos que el Gobierno español, con el apoyo de CiU había llevado a cabo durante el periodo de expansión económica. Tal bajada de impuestos creó un crecimiento del déficit público estructural del Estado (y de la Generalitat), dato silenciado en la mayoría de medios de la Generalitat de Catalunya. En realidad, según los datos del Ministerio de Hacienda, la aplicación de la reforma fiscal del 2006 (aprobada con el apoyo de CiU) a nivel del estado español (y que naturalmente afectó a los ingresos de la Generalitat) significó una bajada de ingresos (equivalente a 19.540 millones de euros) en 2007, bajada de impuestos que fue muy acentuada en el impuesto de Sociedades y en las rentas superiores. El impacto de tal bajada de impuestos en los ingresos al Estado, que también afectaba a la Generalitat, ha sido una de las noticias menos visibles en los medios de mayor difusión en Catalunya. Tal bajada de impuestos causó, como he indicado, un aumento del déficit público estructural, tanto del Estado como de la Generalitat de Catalunya, déficit que apareció con toda claridad cuando el crecimiento económico se frenó y finalmente se colapsó, resultado del estallido de la burbuja inmobiliaria. Cómo respondió CiU a la crisis Cuando el déficit público se incrementó, la respuesta de CiU fue apoyar medidas de recortes de gasto público llevadas a cabo por los gobiernos españoles y más tarde, cuando gobernó la Generalitat de Catalunya, realizarlas con gran intensidad con la intención –según declaraciones de los portavoces del Gobierno CiU- de impresionar a Bruselas de la “seriedad y compromiso del Gobierno de la Generalitat”, homologando seriedad con la voluntad de tomar medidas impopulares (tal como también ha dicho y hecho el portavoz del Gobierno del PP en España). Estos recortes se hicieron con el argumento de que “no había otra alternativa”, mensaje promovido activamente por los medios de información, tanto públicos como privados, ocultando que sí que había alternativas. Veámoslas. CiU aprobó en las Cortes Españolas la propuesta del Gobierno Zapatero de congelar las pensiones, incluyendo, naturalmente, las pensiones catalanas (con el fin de ahorrar 1.200 millones de euros, dedicados a reducir el déficit público). Podría haber tomado, sin embargo, otras medidas que hubieran conseguido incluso más fondos. Así, CiU podría haber apoyado el mantenimiento del impuesto de patrimonio (con lo cual se habrían conseguido 2.100 millones de euros) en lugar de eliminarlo, como hizo. O podría haber apoyado la eliminación de las rebajas (que respaldó) en el impuesto de sucesiones (por valor de 2.552 millones de euros), o podría haber apoyado revertir la bajada de impuestos (que había aprobado) de las personas que ingresaban más de 120.000 euros al año, consiguiendo 2.500 millones. Un tanto idéntico podría haber hecho con los recortes, incluso más intentos, realizados por el Gobierno del PP, presidido por el Sr. Rajoy. Así, en lugar de apoyar los recortes del Gobierno Rajoy (que han impuesto una reducción de 6.000 millones de euros en la sanidad pública, que tendrá como consecuencia el desmantelamiento de tal servicio público), CiU podría haber apoyado la anulación de la bajada de impuestos de sociedades (que CiU había aprobado) de las grandes empresas que facturan más de 150 millones de euros al año (que representan un 0,12% de todas las empresas de España), consiguiendo con ello 5.300 millones de euros para el erario público (incluyendo a la Generalitat de Catalunya). O CiU podría haber apoyado en las Cortes Españolas la reducción del subsidio que el Estado da a la Iglesia Católica para impartir docencia de religión católica en las escuelas públicas (incluidas las catalanas) a fin de ahorrar 600 millones de euros, permitiendo evitar los recortes a los servicios domiciliarios a las personas con discapacidades y dependientes. Y aquí, en Catalunya, el Gobierno CiU podría haber reducido su déficit a base de aumentar los ingresos a la Generalitat de Catalunya en lugar de centrarse tanto en los recortes. Incluso el Gobierno Cameron de Gran Bretaña, con afinidades políticas a las del Gobierno Mas, intentó reducir el déficit público, no sólo recortando el gasto público, sino también aumentando los impuestos. El Gobierno Obama de EEUU intentó una reducción del déficit a base de un equilibrio 50%/50%. Y el Gobierno socialista francés acaba de aprobar un presupuesto en el que el 80% de la reducción del déficit público se ha hecho a costa de aumentar los impuestos del capital y de las grandes fortunas, y sólo un 20% a base de más recortes del gasto público. No así el Gobierno Mas. El 98% de la reducción del déficit se ha hecho a base de recortes. El mayor problema del retraso social de Catalunya y de España es la escasez de recursos del Estado, incluyendo de la Generalitat de Catalunya El Gobierno Mas podría haber evitado muchos de sus recortes si hubiera recogido fondos ya existentes en Catalunya. Catalunya no es pobre. Su PIB per capita es el 110% del promedio de la UE-15. Su gasto público social, sin embargo, es sólo el 73% del promedio de la UE-5. Si fuera el 110%, Catalunya se gastaría casi 20.000 millones más que no se gastan, porque la Generalitat no los recoge. La Generalitat podría haber recogido, por ejemplo, 2.788 millones de euros mediante las siguientes medidas: 1.000 millones de euros a través de un impuesto finalista progresista que fuera a la sanidad pública, tal como ha hecho el Gobierno canadiense; 600 millones de euros a base de gravar los beneficios exuberantes del capital financiero (tal como ha sugerido, paradójicamente, el Fondo Monetario Internacional); 400 millones de euros manteniendo el impuesto de sucesiones; 538 millones de euros a base de recuperar el impuesto de patrimonio, modificándolo para centrarse en las grandes fortunas; 150 millones modificando las multas y sanciones para hacerlas progresivas (es decir, que una multa sancionadora sea mayor en la medida en que los ingresos de la persona o institución sancionada sean mayores, tal como ocurre en los países nórdicos); 150 millones de euros en impuestos verdes, haciendo pagar 5 euros por cada vuelo que despegue de aeropuertos catalanes, y así un largo etcétera. Ninguna de estas medidas, por cierto, hubiera afectado a la mayoría de la ciudadanía a la que sí, en cambio, le afectan los recortes en sanidad, educación y otros servicios públicos de la Generalitat. Y, naturalmente, podría también reducirse, camino de eliminarse, el enorme fraude fiscal, muy acentuado entre las rentas superiores de Catalunya y en las grandes empresas. Aplicando a Catalunya la metodología utilizada por los técnicos de Hacienda para calcular el tamaño del fraude, éste es en Catalunya de 18.000 millones de euros (cifra que los propios técnicos consideran muy conservadora). CiU no se ha distinguido, ni en las Cortes Españolas ni en el Parlament de Catalunya, por haber iniciado o apoyado medidas correctoras de tal fraude. Otras fuentes de ingreso para la Generalitat de Catalunya, que hubieran evitado los recortes, hubieran sido apoyar el aumento de impuestos al tabaco y al alcohol que hubieran podido recoger 200 millones, fondos que hubieran repercutido en mayores ingresos para Catalunya, o exigir a las mutuas patronales de accidentes y enfermedades laborales que paguen al sistema sanitario público catalán los gastos de atender a los pacientes accidentados o enfermos por causas laborales, y que hoy no pagan (representando un déficit de la sanidad pública de 230 millones de euros). Todas estas son medidas que CiU y su Gobierno podría haber apoyado en las Cortes españolas, y aprobado y/o llevado a cabo en su gobierno, y que no hicieron. Y el que no lo hicieran responde a causas políticas. Es decir, hubieran afectado a los grupos sociales o intereses financieros y económicos que CiU representa o a los que no se atreve a enfrentarse. Como dijo recientemente un dirigente de Cáritas en Catalunya, ¿cómo los políticos pueden dar tanto dinero a la banca (CiU ha sido el partido que más ha apoyado al PP en el rescate bancario), y tan poco dinero a las poblaciones vulnerables que hoy están sufriendo enormemente? La respuesta del Gobierno CiU al incremento de la pobreza fue hacer la Maratón Antipobreza de la televisión pública TV3, que recogió 4 millones de euros. Si CiU y su aliado en las Cortes y en el Parlament (el PP) hubieran aprobado un impuesto sobre las transacciones bancarias de corto plazo (la mayoría de clara orientación especulativa) la Generalitat habría obtenido 300 millones de euros. Todas estas son medidas que CiU podría haber llevado a cabo en su Gobierno que hubiera podido hacerse como alternativas a los recortes. Ahora bien, ¿cómo es que, con la evidencia existente, y que presento en este artículo, el Gobierno CiU no sólo no está perdiendo popularidad, sino que puede ganar por mayoría? La respuesta es el argumento del “expolio”. El déficit fiscal es un problema, pero no es el mayor problema de Catalunya En cuanto al “expolio”, hay que indicar que, detrás de tal término belicista existe una realidad que le cuesta mucho al Estado español reconocer. Y es que la contribución de los impuestos derivados de Catalunya es excesiva (según los parámetros comparativos de transferencias interregionales en la mayoría de países de la Eurozona), en relación a los fondos que recibe del Estado. Esta es una realidad, cuya falta de reconocimiento por parte del Estado Central es un indicador más de un problema mayor, que es el gran desequilibrio que existe en la relación Estado Central-versus Catalunya a favor del primero y a costa del segundo (ver mi artículo “El nacionalismo españolista”. Sistema, 05.10.12). La constante oposición del establishment español, centrado en Madrid, al reconocimiento de la plurinacionalidad de España, ha sido la mayor fuente de frustración en grandes sectores de la población catalana, una falta de reconocimiento que aparece también en la decisión del Tribunal Constitucional de vetar puntos clave del Estatuto de Catalunya aprobado por referéndum por la población catalana. Complementando esta decepción hubo la falta de respuesta y protesta por parte del establishment español (cuyas Cortes Españolas habían aprobado previamente tal Estatuto), después del “cepillazo” -término ofensivo que incluso causó gracia en el establishment madrileño- a la propuesta aprobada por el Parlamento Catalán. La falta de protesta del Gobierno Zapatero a tal hecho por parte de aquel establishment fue un factor contribuyente a la generalización del enfado en Catalunya hacia el Gobierno central. Pero el punto final que ha rebosado el vaso ha sido la victoria del PP, que fue el partido que había llevado el Estatuto al Tribunal Constitucional, y cuya postura hostil hacia las reivindicaciones en Catalunya se ha traducido en sus declaraciones y comportamientos. El Gobierno no ha tomado ninguna medida sancionadora, por ejemplo, contra el militar que amenazó con una intervención militar ocupando Catalunya, de nuevo un caso que demuestra no solo la enorme insensibilidad democrática del Gobierno PP sino también su hostilidad hacia Catalunya. Ahora bien, dicho todo lo que he dicho, varias realidades necesitan añadirse. Una de ellas es que la mayor fuerza política que ha apoyado las políticas neoliberales que ha estado aprobando el PP y que están causando unos enormes daños a las clases populares catalanas ha sido precisamente CiU. Y la otra vertiente es que, en reciprocidad, la fuerza política que ha apoyado constantemente las políticas neoliberales y regresivas en Catalunya ha sido el PP. Tales políticas están desmantelando el Estado del bienestar en Catalunya convirtiendo un Estado universal (con derechos universales que se aplican a toda la ciudadanía) en un Estado asistencial (para las personas sin recursos o especialmente vulnerables) con un gran debilitamiento de la fuerza del trabajo y una disminución de los derechos laborales, todo ello acompañado con una disminución de los derechos civiles y aumento de la represión. Esto ha sido ocultado en los medios de comunicación de la Generalitat de Catalunya que han jugado un papel clave con su silencio ensordecedor sobre la naturaleza de estos hechos. TV3 ha alcanzado unos niveles de instrumentalización desconocidos desde la era pujolista, enfatizando la inevitabilidad de esta reforma y el “expolio” de Catalunya por parte de España. Tal expolio, sin embargo, no puede explicar el enorme déficit social de Catalunya. Explica parte pero no todo. De hecho, los datos de gasto en protección social de 2007 para Catalunya, que son los últimos disponibles, muestran que si se destinaran los recursos que configuran el déficit fiscal (que la Generalitat considera que es el 8% del PIB catalán) a gasto social según la asignación actual del presupuesto de la Generalitat, el gasto social por habitante en Catalunya todavía estaría lejos de alcanzar la cifra que le correspondería por el nivel de riqueza que tiene. En realidad, pasaría de 5.475 unidades de poder de compra (upc, unidades monetarias que tienen idéntica capacidad de compra, estandarizando el poder adquisitivo de países con diferente nivel de riqueza) a 6.236 upc, una cantidad todavía muy lejos de los 8.210 upc que se debería gastar por el nivel de riqueza que tiene. La mayor causa del retraso social de Catalunya es la misma causa del subdesarrollo social de España (como documenté en mi libro El subdesarrollo Social de España), es decir, el enorme dominio de las fuerzas conservadoras sobre el Estado español (incluido el catalán) a lo largo de su historia, y que se ha cristalizado durante estos dos años en la alianza PP-CiU en las Cortes Españolas, y CiU-PP en el Parlament. Y ahora ambas formaciones políticas están agitando las banderas con fines electorales. Esta es la gran estafa y el fraude existente hoy en Catalunya y en España. La coalición gobernante de Catalunya, que tiene gran responsabilidad en el retraso social de las clases populares de Catalunya, se presenta ahora como la gran defensora del pueblo catalán, convirtiendo a su máximo aliado, el PP, en su máximo adversario, enarbolando la bandera catalana para mantenerse en el poder y continuar siguiendo las políticas neoliberales que han hecho tanto daño. Ahora bien, los enfadados que marcharon en las calles de Barcelona el 11-S pidiendo autogobierno y el derecho a decidir (lo cual comparto), deben ser conscientes de que en la medida que voten a tal partido y a tal Gobierno, el motivo de su enfado no se resolverá, pues una futura Catalunya bajo el Gobierno CiU será muy semejante a la Catalunya de hoy, con los mismos recortes, las mismas políticas fiscales regresivas, la misma instrumentalización de los medios públicos, el mismo retraso social de Catalunya y la misma inmunidad frente a la corrupción que ha salpicado tan extensamente a este partido y a este Gobierno. ¿Es esta la Catalunya que desean? No es la Catalunya por la que la generación de mis padres, mi generación y generaciones posteriores lucharon durante la dictadura para que nuestros hijos y nietos pudieran vivir libremente en una Catalunya con democracia, pluralidad y justicia social. Esta Catalunya no existe y tampoco existirá si las fuerzas conservadoras dominan la transición de esta Catalunya a la otra Catalunya. Vicenç Navarro es Catedrático de Políticas Públicas. Universidad Pompeu Fabra FUENTE: http://www.unidadcivicaporlarepublica.es/index.php/opinion-actualidad/politica/5686-la-gran-estafa-en-catalunya-parte-i