sábado, 31 de mayo de 2014

Dos activistas del 15M serán encarcelados por participar en un piquete informativo


 Escrito por: AMINA NASSER

Carlos Cano Navarro tiene 25 años y ha terminado la carrera de Medicina. Carmen, que prefiere omitir sus apellidos, lleva dos años en el paro y no recibe ningún tipo de ayuda. Tiene 56 años y un hijo de 18. Los dos participaron en un piquete informativo del 15M durante la huelga general del 29 de marzo de 2012. Con ellos iban unas 200 personas más. Pero sólo tres terminaron en el banquillo. Uno de los acusados fue absuelto tras el juicio. A Carlos y a Carmen los condenaron a tres años y un día de prisión y al pago de una multa de 3.655 euros, además de las costas del proceso. En cualquier momento serán encarcelados.


La controvertida sentencia dictada por el Juzgado de lo Penal número 1 de Granada, que acaba de confirmar la Audiencia Provincial, “no permite el ingreso voluntario en prisión”, explica Carlos. La condena no sólo lo conduce a la cárcel sino que además trunca sus expectativas profesionales. Los antecedentes penales, de entrada, lo inhabilitan para acceder al MIR en los próximos años.

Él y Carmen han sido considerados delincuentes en una sentencia que los condena por un delito contra el derecho de los trabajadores cuando lo que defendían precisamente eran los derechos de los trabajadores. “Es una condena desmesurada”, dice el Movimiento 15-M, que reclama un trato justo para ambos.

Los hechos se remontan al 29 de marzo de 2012, cuando el piquete informativo organizado por el 15M entró en un bar de copas situado en una céntrica calle de Granada. “Chapa y se acaba”, cuenta Carlos que dijo. Era la frase que gritaban los miembros del piquete que recorrían las calles en protesta por la reforma laboral del Gobierno. “Al local entraron unas cuarenta personas. Hubo momentos de tensión, pero no intimidación ni destrozos”, como aseguró en su denuncia la dueña del establecimiento, relata el joven.

Carlos y Carmen, junto a un hombre de unos sesenta años fueron identificados “aleatoriamente” por la Policía a la salida del bar. “Fuimos los tres últimos que salimos”, precisa. Un año después, los tres fueron enjuiciados por coacciones y amenazas. El tercer acusado fue absuelto después de que la propietaria del bar no pudiera identificarlo como integrante del piquete. Carmen y Carlos fueron condenados a 3 años y un día de reclusión. La Fiscalía había pedido un año de prisión. La única prueba presentada contra ellos en la vista oral fue el testimonio de la dueña del local. La Policía emitió un informe sobre supuestas actitudes violentas, pero luego no se personó en el juicio ni ratificó su versión. Tampoco acudieron los clientes del bar que testificarían contra los acusados ni se admitió el peritaje de daños del local por “irregular”. Los acusados admitieron que formaron parte del piquete, pero negaron que amenazaran a la dueña del local, que realizaran pintadas o causaran daños en el establecimiento, como decía la dueña.

“Es una sentencia desproporcionada, con la que se criminaliza el derecho a la huelga”, afirma Carlos, quien insiste en que el 15M es un “movimiento pacífico” y que la intimidación y los destrozos “no está en su línea de trabajo”. Carmen va un poco más allá: “Se ha pervertido la Constitución”. “Se ataca el derecho al trabajo, a la manifestación y a la huelga”, señala.

CONCENTRACIÓN

Para el 15M, Carlos y Carmen son víctimas de un juicio político. El Grupo Stop Represión del 15M ha convocado una concentración este viernes ante la Subdelegación del Gobierno para denunciar la “estrategia de represión y criminalización de la protesta social” y exigir la absolución de los condenados. Recuerdan, además, que este año se han abierto más de 40 procesos penales contra personas por participar en huelgas y afirman que “estamos asistiendo a una persecución contra las movilizaciones y luchas sociales propia de regímenes autoritarios”.


También los sindicatos UGT y CCOO rechazan la condena de los dos activistas del 15M y consideran que esta sentencia “política y de carácter ideológico” no constituye “un caso aislado”, sino que forman parte de “una estrategia para criminalizar a los movimientos sociales y sindicales”, y advierten que, “por mucho que quieran, la sociedad civil organizada no se va a amedrentar”.

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