Escrito por: AMINA
NASSER
Carlos Cano Navarro tiene 25 años y ha terminado la carrera
de Medicina. Carmen, que prefiere omitir sus apellidos, lleva dos años en el
paro y no recibe ningún tipo de ayuda. Tiene 56 años y un hijo de 18. Los dos
participaron en un piquete informativo del 15M durante la huelga general del 29
de marzo de 2012. Con ellos iban unas 200 personas más. Pero sólo tres
terminaron en el banquillo. Uno de los acusados fue absuelto tras el juicio. A
Carlos y a Carmen los condenaron a tres años y un día de prisión y al pago de
una multa de 3.655 euros, además de las costas del proceso. En cualquier
momento serán encarcelados.
La controvertida sentencia dictada por el Juzgado de lo
Penal número 1 de Granada, que acaba de confirmar la Audiencia Provincial, “no
permite el ingreso voluntario en prisión”, explica Carlos. La condena no sólo
lo conduce a la cárcel sino que además trunca sus expectativas profesionales.
Los antecedentes penales, de entrada, lo inhabilitan para acceder al MIR en los
próximos años.
Él y Carmen han sido considerados delincuentes en una
sentencia que los condena por un delito contra el derecho de los trabajadores
cuando lo que defendían precisamente eran los derechos de los trabajadores. “Es
una condena desmesurada”, dice el Movimiento 15-M, que reclama un trato justo
para ambos.
Los hechos se remontan al 29 de marzo de 2012, cuando el
piquete informativo organizado por el 15M entró en un bar de copas situado en
una céntrica calle de Granada. “Chapa y se acaba”, cuenta Carlos que dijo. Era
la frase que gritaban los miembros del piquete que recorrían las calles en
protesta por la reforma laboral del Gobierno. “Al local entraron unas cuarenta
personas. Hubo momentos de tensión, pero no intimidación ni destrozos”, como
aseguró en su denuncia la dueña del establecimiento, relata el joven.
Carlos y Carmen, junto a un hombre de unos sesenta años
fueron identificados “aleatoriamente” por la Policía a la salida del bar.
“Fuimos los tres últimos que salimos”, precisa. Un año después, los tres fueron
enjuiciados por coacciones y amenazas. El tercer acusado fue absuelto después
de que la propietaria del bar no pudiera identificarlo como integrante del
piquete. Carmen y Carlos fueron condenados a 3 años y un día de reclusión. La
Fiscalía había pedido un año de prisión. La única prueba presentada contra
ellos en la vista oral fue el testimonio de la dueña del local. La Policía
emitió un informe sobre supuestas actitudes violentas, pero luego no se personó
en el juicio ni ratificó su versión. Tampoco acudieron los clientes del bar que
testificarían contra los acusados ni se admitió el peritaje de daños del local
por “irregular”. Los acusados admitieron que formaron parte del piquete, pero
negaron que amenazaran a la dueña del local, que realizaran pintadas o causaran
daños en el establecimiento, como decía la dueña.
“Es una sentencia desproporcionada, con la que se
criminaliza el derecho a la huelga”, afirma Carlos, quien insiste en que el 15M
es un “movimiento pacífico” y que la intimidación y los destrozos “no está en
su línea de trabajo”. Carmen va un poco más allá: “Se ha pervertido la
Constitución”. “Se ataca el derecho al trabajo, a la manifestación y a la
huelga”, señala.
CONCENTRACIÓN
Para el 15M, Carlos y Carmen son víctimas de un juicio
político. El Grupo Stop Represión del 15M ha convocado una concentración este
viernes ante la Subdelegación del Gobierno para denunciar la “estrategia de
represión y criminalización de la protesta social” y exigir la absolución de
los condenados. Recuerdan, además, que este año se han abierto más de 40
procesos penales contra personas por participar en huelgas y afirman que
“estamos asistiendo a una persecución contra las movilizaciones y luchas
sociales propia de regímenes autoritarios”.
También los sindicatos UGT y CCOO rechazan la condena de los
dos activistas del 15M y consideran que esta sentencia “política y de carácter
ideológico” no constituye “un caso aislado”, sino que forman parte de “una
estrategia para criminalizar a los movimientos sociales y sindicales”, y advierten
que, “por mucho que quieran, la sociedad civil organizada no se va a
amedrentar”.
Fuente: Andaluces Diario
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