La Organización para la Seguridad y
Cooperación Europea (OSCE), ha emitido un durísimo informe, fechado en 2012 y
silenciado por la práctica totalidad de los medios de comunicación españoles,
en el que denuncia que el “sistema” que sustenta al actual régimen español
bloquea el acceso a la política de los ciudadanos y de la sociedad civil para
crear sus propias candidaturas, algo que le ocurre también a los nuevos
partidos. Además, enriquece a los actuales políticos mediante subvenciones que
van más allá del pago de las papeletas, censura hasta las cuentas de Twitter y
no respeta ni la igualdad ni el secreto del voto. La podredumbre de este
“sistema” llega a tal punto que el órgano encargado de fiscalizar la
contabilidad de los partidos (Tribunal de Cuentas) envía sus informes a éstos
antes de ser publicados para que puedan reformarlos y la Junta Electoral
Central debate las denuncias electorales de forma secreta. También lamenta que
los 6,5 millones de ciudadanos que han participado en manifestaciones de
protesta ni sean escuchados ni estén representados y que el voto blanco y nulo,
que alcanza niveles en España sin parangón en el mundo, no genere escaños
vacíos.
El Congreso ofrece a menudo un panorama de podredumbre y
desolación
El régimen español, conocido en Europa como Monarquía de
partidos o “partitocracia”, es penoso y lamentable, según la descripción que de
él hace la OSCE: “no se respeta plenamente la igualdad de voto”, “la
financiación de las campañas electorales” por parte de los partidos no es
“transparente”, no se promueve una mayor participación de la mujer y se impide
siempre que se puede el “pleno acceso” de observadores independientes “a todas
las fases del proceso electoral”, desde el secreto del voto hasta su cómputo.
Los ciudadanos españoles agudizan el ingenio para protestar
Los políticos españoles, sobre todo de PP y PSOE, que se han
turnado durante casi 40 años, han ideado un sistema según el cual el voto en
las provincias pequeñas, donde pueden dominar mejor sus intereses con prácticas
caciquiles, vale hasta 3 veces más que en las grandes ciudades, lo que produce
una adulteración tan profunda que de ahí procede la drástica negativa a
introducir distritos electorales uninominales más pequeños que favorezcan la
elección directa: si cada voto valiese igual, los ciudadanos echarían
prácticamente a todos los políticos profesionales y entraría savia nueva en la
representación, algo que temen con verdadero pánico.
La OSCE pone el dedo en la llaga en su informe sobre España:
“el sistema electoral favorece a los partidos más grandes” y llega a la
aberración de dejar fuera a los ciudadanos que participaron en las
manifestaciones derivadas del 15-M. La OSCE afirma que “se estimó en 6,5
millones el número de personas que participaron en las protestas”, pero incluso
se cambió la ley electoral en el año anterior a los comicios de 2011, algo
expresamente prohibido por la OSCE, que no admite modificaciones en las reglas
de juego a tan corto espacio de tiempo de la apertura de las urnas. También
reclama que las reuniones de la Junta Electoral Central sean públicas, con
presencia de observadores y prensa, pues hasta ahora son secretas.
Los políticos han ideado un sistema para enriquecerse e
impedir el acceso ciudadano a las candidaturas
La OSCE también aprecia que la actual partitocracia
discrimina a las asociaciones de ciudadanos y a los partidos sin representación
parlamentaria si desean presentarse a las elecciones, exigiendo a los candidatos
más requisitos, trabas y firmas que a los viejos partidos. Por eso pide
“establecer condiciones de igualdad para la nominación de los candidatos de los
partidos no parlamentarios y grupos de ciudadanos”.
La OSCE dibuja un régimen podrido en España: ni voto secreto
ni igualdad
Este organismo, dependiente de la ONU, recuerda que
organizaciones relacionadas con el movimiento 15-M pusieron en marcha un
proyecto denominado “Doriyakitu”, pidiendo a los votantes que denunciasen en
las propias mesas electorales las anomalías del sistema español. Las 3 quejas
que recuerda la OSCE aluden a la imposibilidad de votar a listas prohibidas
“por no haber recogido los avales exigidos mediante la inconstitucional ley
electoral vigente, que vulnera el pluralismo político restringiendo los
derechos de sufragio pasivo y, en consecuencia, también el sufragio activo, ya
que no permite votar lo que realmente se quiere”, según “Doriyakitu”.
El voto blanco en España es porcentualmente el más alto del
mundo
El sistema tampoco acepta “el voto blanco, la abstención y
el voto nulo”, pues desprecia estas opciones a la hora del reparto de acta.
Además se produce sin igualdad pues “los votos de los ciudadanos no tienen el
mismo valor a la hora de atribuir escaños” ya que “vulnera el derecho a la
igualdad entre las personas, y entre los votos de dichas personas”. La OSCE
sugiere que “los votos en blanco (que se cuentan como válidos), en realidad
deberían asignar escaños en el Parlamento, y dichos asientos deberían permanecer
vacíos”. Y recuerda que el partido político “Escaños en Blanco” se registró en
21 distritos electorales.
Los partidos usan coches oficiales de marca alemana y alta
gama con el dinero de las subvenciones
Este organismo internacional desvela que la situación
española es tan anómala democráticamente que “algunos partidos políticos
comparten con la OSCE la opinión de que el nivel de las subvenciones es
demasiado generoso y debería reducirse”. Además, según ellos, estas
transferencias de dinero público solo deben cubrir “los costos de impresión de
las papeletas y no deben ser utilizadas para el reembolso de otros gastos”,
como ocurre ahora, pues se pagan las sedes, sueldos políticos, gastos de
funcionamiento, campañas electorales, seguridad, etc…
La OSCE ridiculiza al régimen por censurar hasta las cuentas
de Twitter que parodian a los candidatos
La OSCE también reprocha en su informe “que se hayan cerrado
cuentas en Twitter durante la campaña electoral porque se parodiaba a
candidatos” así como “la censura en la publicación de encuestas cinco días
antes de los comicios”, algo “anticuado en la era de internet”. También demanda
la presencia de “observadores internacionales” en las votaciones. “La ley
electoral no garantiza plenamente el respeto al secreto del voto, un principio
fundamental para unas elecciones democráticas. Las autoridades deben considerar
medidas para mejorar aún más el secreto de la votación”.
Los órganos reguladores están copados en España por los
partidos y el Tribunal de Cuentas le pasa sus informes a los fiscalizados
Las trampas de los partidos políticos han sido descubiertas
por la OSCE en su informe: el Tribunal de Cuentas, que fiscaliza los gastos
electorales, es una costosa pantomima porque solo aprueba la contabilidad
después de que ésta pase de nuevo a los propios partidos del Parlamento (y
además los miembros del Tribunal de Cuentas son en su mayor parte políticos en
activo elegidos por los partidos). Pero además de adulteradas, las cuentas se
publican “con significativo retraso”, según la OSCE, logrando evitar así su
actualidad informativa.
Y aunque la OSCE recuerda que España está obligada a cumplir
estas exigencias “con prontitud” y la Oficina para las Instituciones
Democráticas y Derechos Humanos le transmitió al Gobierno que “estaba lista
para ayudar a aplicar estas recomendaciones”, la respuesta del ejecutivo
español fue no aceptar críticas ni recomendación alguna. Aunque la mayor parte
de la prensa española no informa de estas condenas internacionales, lo cierto
es que la OSCE tiene ya a España como un país con serias deficiencias
democráticas.
Prácticamente todos los ministros han sido denunciados por
abusos en el ejercicio de su cargo. Ninguno ha dimitido ni ha podido ser
revocado
Muy pocos países del mundo han dado lugar a que se emitan en
un mes dos notas públicas de condena, como ha ocurrido en septiembre de 2013,
pero es que además en 2012 ya se advirtió que las elecciones en España poseen
graves deficiencias y otra de ellas particularmente grave: la OSCE recuerda a
los políticos españoles que “el mandato de los funcionarios electos debe
incluir la posibilidad de revocarse antes de que expire”, pues los políticos
han hurtado también a los ciudadanos los mecanismos para ello.
Ingrid Sartiau y Albert Sola reclamaron la paternidad del rey
con su ADN. Las leyes impiden en España siquiera investigarla.
Y es que los cargos públicos españoles han ideado un sistema
según el cual los ciudadanos no pueden retirarles el apoyo en caso de
corrupción, malversación de fondos o incluso asesinato, como ocurre con la
“inviolabilidad” del Jefe del Estado, “intocable” desde el punto de vista legal
hasta en los casos de denuncia de hijos consanguíneos por paternidad
manifiesta, como ha ocurrido recientemente con el rey Juan Carlos.
Pérez de los Cobos, presidente del Constitucional, ocultó
con obscenidad su militancia en el PP.
Este moderno “derecho de pernada”, que impide incluso a los
jueces investigarlo, alcanza también a los fueros especiales de los diputados
en el Tribunal Supremo (con una Sala II, especial para juzgarlos a ellos) y en
los tribunales autonómicos (Tribunales Superiores de Justicia). Estos jueces
son designados por las cúpulas de los partidos políticos sin más méritos que la
militancia, simpatía, amistad o connivencia, como ha ocurrido recientemente con
el presidente del Tribunal Constitucional, Francisco Pérez de los Cobos o antes
con el filosocialista Pascual Sala.
En España son los partidos políticos los que se reparten el
Poder Judicial y la Fiscalía y muchas veces se cuelan hasta diputados que no
son ni jueces ni fiscales
La promiscuidad llega a tal extremo que el Consejo General
del Poder Judicial es designado por los líderes de los partidos (PP, PSOE, CiU
y PNV) mediante un descarado “reparto”, al igual que el Fiscal General del
Estado, que se va rotando entre militantes o simpatizantes de PP y PSOE, como
han sido Leopoldo Torres (PSOE), Javier Moscoso (PSOE), Conde Pumpido (PSOE),
Eligio Hernández (PSOE), Jesús Cardenal (PP), Carlos Granados (PP) o Torres
Duce (PP). A veces incluso son los propios políticos los que con descaro se
incluyen en órganos judiciales, como el CGPJ, aún no siendo siquiera jueces,
como ocurrió con el caso de los diputados Margarita Uría y Emilio Olabarría
(PNV) o Ramón Camp y Mercé Pigem (CiU), entre otros muchos.
Encuesta:
Fuente: Un espía en el Congreso
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