jueves, 31 de octubre de 2013

De qué hablamos cuando hablamos de Proceso Constituyente

                   
Escrito por Hugo Martínez Abarca   


Desde hace tiempo la agenda política de la izquierda incluye la puesta en marcha de un proceso constituyente. Es la reacción lógica de quienes constatamos la quiebra del Régimen de la Transición y reivindicamos la necesidad de transformar la sociedad. El discurso constituyente se topa con dos muros.

Uno de oposición política por parte de quienes se han mantenido bien colocados en la lógica de la Transición, que se aferran a su mantenimiento con correcciones inevitables o que ahora pretenden que su quiebra se circunscribe al modelo territorial. Contemplan, con cierta razón, la propuesta constituyente como aquel harakiri de las cortes franquistas pero sin red sobre la que dejarse caer.
El otro muro es el de la incomprensión de la propuesta por parte de compañeros de la izquierda, de cuyas objeciones se deduce que piensan en un proceso constituyente como un proceso meramente jurídico que sustituye una ley (la Constitución monárquica de 1978) por otra. Y ya. Ello, evidentemente, no genera un entusiasmo conmovedor. Así entendido un Proceso Constituyente sería como un proceso legislativo pero a lo grande. Ello no entusiasma, no mueve las vísceras, es un proceso complejo, y en caso de acatar el cerrojo previsto en la Constitución del 78 exige mayorías muy cualificadas y procesos parlamentarios largos con al menos dos legislaturas: la que convoca cortes constituyentes y la propiamente constituyente.
Las críticas desde esa interpretación son razonables y coherentes: la gente no entiende por qué hay que hacer un proceso constituyente, lo que hay que hacer es combatir la crisis con propuestas económicas… Poco antes del verano escuché a un cargo político extremeño sintetizar las críticas de quienes se resisten al protagonismo político de la apuesta por el proceso constituyente: “Y eso del proceso constituyente, ¿cuándo empieza? Tendréis que ganar las elecciones antes ¿no?
Frente a la interpretación meramente legalista, un proceso constituyente es un proceso fundamentalmente político: “como advertía Manuel Azaña, la constitución no es un mero texto de Derecho público. Es, además, la plasmación en negro sobre blanco de la correlación de fuerzas políticas en una sociedad” explica Rafael Escudero Alday en el libroModelos de democracia en España (1931-1978) (Península).
Todas las debilidades democráticas y sociales del régimen de 1978 son hijas de la correlación de fuerzas de aquellos años, del poder del franquismo político, sociológico, económico y militar frente a un pueblo roto por 40 años de dictadura que arrancó mediante luchas históricas logros que hoy se antojan claramente insuficientes en muchos casos y realmente perdidos durante estos 35 otros años. Un nuevo proceso constituyente supone trabajar por sustituir el régimen del 78 en demolición por uno que responda a una correlación de fuerzas que necesitamos favorable. Es sustituir un cierto republicanismo retórico y estético por una apuesta real y concreta por una III República con profundas raíces democráticas y sociales recogidas, como es obvio, en su Constitución.
Así pues el proceso constituyente comienza cuando dejamos de lloriquear porque la correlación de fuerzas nos es desfavorable y empezamos a articular un nuevo poder constituyente, que es la condición sine qua non para un Proceso Constituyente. Y eso lleva sucediendo con sus altibajos y sus vaivenes primero desde la aparición del 15M (con sus cientos de asambleas populares, grupos de trabajo, etcétera) hasta la creación de las diversas mareas,  colectivos que reflexionan y actúan, los espacios para la convergencia política en una alternativa rupturista, etc. Todo ello son ámbitos de profunda repolitización y embriones de un nuevo espacio político que rompe con los acartonados límites de la participación que definía la Constitución de 1978, que otorga sólo a los partidos un papel “fundamental para la participación política”.
¿Cuándo empieza el proceso constituyente? Ya, hace tiempo. Empieza en el momento en que mandamos al garete “la vieja costumbre de pisar el freno y decir que no hay circunstancias (en precisas palabras de Felipe Alcaraz). Sin la creación de ese poder constituyente nunca habrá un nuevo país constituido. Ese “primero hay que ganar las elecciones” no sólo evidencia que no se está por una construcción de poder popular tan necesario para contrarrestar el poder político que ostenta el poder financiero. Es también desconocer la imperiosa necesidad de que, en caso de que las fuerzas rupturistas ganaran unas elecciones, hubiera detrás un soporte popular que no fuera sólo electoral. La Historia (la Historia de España, el presente en América Latina…) evidencia que el día siguiente de la investidura de un gobierno dispuesto a hacer políticas de izquierdas empiezan las conspiraciones de los poderes reales para su destitución por lo civil o lo militar: sin un apoyo popular fuerte, constituido y organizado previamente no hay gobierno rupturista que se mantenga en pie dos asaltos. En realidad la apelación a que primero hay que ganar las elecciones es pura retórica. Nadie (salvo el gobierno) respondería a las protestas contra una reforma laboral o una reforma educativa diciendo que primero hay que ganar las elecciones, que esas reformas sólo se cambian desde el BOE: todos sabemos que la movilización es fundamental para detenerlas, para amortiguar daños y para que sea posible llevar al BOE una alternativa. Remitirnos a unas elecciones sólo esconde la voluntad de echar el freno salvo que la ruptura política sea un eje protagonista de la movilización y la campaña electoral que lleven a las elecciones.
La principal disyuntiva política (y por tanto la alternativa económica realizable) hoy se plantea entre constituyentes yconservadores: entre quienes apuesten por un proceso constituyente de raíz popular para un nuevo régimen político republicano y quienes sostienen que el marco del 78 sigue vigente y piensan que tal vigencia es una buena noticia.
Si hay un nuevo proceso constituyente empezó hace tiempo aunque con importantes altibajos. Existen las condiciones objetivas (la profunda crisis económica e institucional) y hay un germen de poder popular que tenemos que mimar y regar para que se configure en un poder constituyente que cambie el país. Tal cambio culminará, si tenemos éxito, en una nueva Constitución republicana que garantice los derechos humanos políticos y sociales; si fracasamos también habrá un proceso constituyente pero en clave reaccionaria, antidemocrática y antisocial: en él estamos. Eso se demuestra también en las urnas, pero necesariamente tiene que ir acompañado desde ya de un intenso movimiento popular y político. El desarrollo de ese proceso constituyente es la aspiración obvia y principal ante el desmoronamiento del régimen del 78 (que ya no niegan ni sus más entusiastas propagandistas) de quienes nos queremos definir comoizquierda transformadora. En caso contrario deberemos conformarnos con un oxímoron: ser la izquierda conservadora.
(*) Hugo Martínez Abarca es miembro del Consejo Político Federal de IU y autor del blog Quien mucho abarca.
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Fuente: Cuarto Poder

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