La consulta catalana no puede celebrarse porque es ilegal,
inconstitucional, e incompatible con la soberanía de todos los españoles. Esas
son las tres cartas que el gobierno y sus aliados manejan desde hace meses, y
con esas mismas tres cartas se sentarán a la partida de esta tarde en el
Congreso.
Tres argumentos que se pretenden sólidos, de acero,
irresistibles, pero que en realidad son bastante endebles: una excusa para
convertir en un asunto técnico, jurídico, lo que es claramente un asunto
político. Es decir: no es que no se pueda, es que no quieren.
El argumento de la legalidad, por ejemplo. Si la consulta
catalana es ilegal, puede legalizarse hoy mismo. Basta que el legislador
quiera. De hecho, los partidarios de la consulta hasta hoy mismo han insistido
en buscar su encaje legal, y esta tarde propondrán varias vías de celebrarla
dentro de la ley.
Lo mismo puede decirse del argumento de la
inconstitucionalidad. Si el derecho a decidir no tiene encaje en la
Constitución (y hay expertos que sí lo ven posible), el mismísimo Tribunal
Constitucional da la solución, en su reciente fallo sobre el asunto: refórmese
la Constitución; siéntense a dialogar, y cambien el texto. Volvemos así a la
casilla anterior, la de la legalidad: si es inconstitucional, basta que exista
voluntad política para que sea constitucional. Y ni siquiera hace falta mucho
tiempo, visto lo rápidos que fueron PP y PSOE en reformar la Constitución hace
un par de años con el famoso artículo 135.
Pero si el gobierno pierde la carta de la legalidad y la de
la Constitución, siempre le queda el comodín de la soberanía: la consulta no
puede hacerse, porque la soberanía es de todos los españoles, y no puede
trocearse. No pertenece a nadie, sino a todos. La soberanía somos nosotros,
pero todos a una, los 47 millones saltando a la vez. Aunque no nos demos
cuenta, la soberanía “descansa, se refleja y se respira y se ejerce por todos y
cada uno” de los 47 millones de ciudadanos que viven en “todos y cada uno de
los rincones” de España.
Ahí se acaba el debate, piensa el gobierno: ya no es que sea
ilegal o inconstitucional. Es que la soberanía es una roca indivisible, y
aunque quisiéramos, no podríamos permitir a los catalanes que decidiesen algo
por su cuenta, ni siquiera que opinasen sin valor decisorio, porque allá donde
va un español vamos todos detrás. O todos o ninguno.
Fuente: El Diario / Zona Crítica
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