domingo, 15 de diciembre de 2013

La Constitución de 1978: franquismo sin Franco


Hace poco tiempo, Pedro J. Ramírez, director del diario El Mundo, afirmó que la proliferación de blogs y páginas webs no aportaba nada esencial, pues esas nuevas formas de comunicación e información se alimentaban de los cinco grandes rotativos del periodismo español, limitándose a comentar sus noticias. Desde este punto de vista, la gran prensa escrita, sospechosamente agrupada en la plataforma Kiosko, es la principal fuente de información objetiva, contrastable y veraz.  Sin embargo, muchos opinan que la verdad nunca aparece en las páginas de estos cinco grandes diarios, sino en otros espacios alternativos que cuestionan el modelo político actual.
El poeta, dramaturgo y ensayista José Bergamín –calumniado, escarnecido y olvidado- ya anunció que la Transición no constituía una ruptura, sino una mascarada que mantendría a la sociedad bajo la tutela del Ejército y la Monarquía. Su pronóstico se ha cumplido. El Estado español, que invoca como norma fundamental la Constitución aprobada mediante referéndum en 1978, no es una verdadera democracia. Así lo estima el diario londinense The Guardian, según el cual la nueva Ley de Seguridad Ciudadana criminaliza las protestas sociales y convierte a nuestro país en un régimen autoritario, con libertades raquíticas y una poderosa maquinaria represiva.The Guardian no se equivoca, pero omite (o ignora) que nuestro país nunca disfrutó de las garantías de un Estado de Derecho. En los últimos 35 años, se ha legislado a favor de la banca, la patronal y los grandes propietarios, se ha empleado la coacción y el clientelismo para frustrar la independencia judicial, se ha torturado con impunidad y cinismo, se han prohibido partidos políticos y se han cerrado medios de comunicación, se han otorgado escandalosas prebendas a la Iglesia Católica y privilegios medievales a la corona, se ha exonerado a las grandes fortunas de una presión fiscal auténticamente progresiva, se ha practicado el terrorismo de Estado, se ha negado el derecho de los pueblos a elegir libremente su futuro y se ha impuesto una dictadura mediática que manipula a la opinión pública, incitando al conformismo o al linchamiento, de acuerdo con los intereses de la clase dominante.
La ruptura del pacto social
The Guardianafirma que “la nueva Ley de Seguridad Ciudadana que quiere aprobar el gobierno español es un ataque contra la democracia. […] No se trata sólo de medidas para disuadir a los ciudadanos y evitar que protesten, sino de domesticar a los que pese a todo decidan hacerlo”. No es un fenómeno exclusivamente español. Ya ha sucedido en Grecia, Chicago, Portugal, Quebec… “La reorganización de los estados en una dirección autoritaria es parte de un proyecto a largo plazo para detener la democracia manteniendo un mínimo de legitimidad democrática […] En 2011, el acalde de Chicago, Rahm Emanuel, adoptó una serie de medidas antiprotesta provisionales para hacer frente a las marchas contra las cumbres de la OTAN y el G-8, que iban a tener lugar en la ciudad. Entre ellas, la obligación de suscribir un seguro de un millón de dólares para convocar un acto de protesta, mayor presencia policial y nuevos impedimentos administrativos para convocarlas. A comienzos de 2012 esa legislación temporal se convirtió en permanente”. The Guardian también cita el caso de Quebec, donde se combatieron las protestas estudiantiles por la subida de las tasas de matrícula, con una legislación de emergencia, que prohibía manifestarse a menos de 50 metros de un centro educativo y contemplaba la posibilidad de modificar arbitrariamente el recorrido de la manifestación. Podemos hablar de una verdadera contrarrevolución llamada neoliberalismo o globalización. Iniciada por Reagan y Margaret Thatcher, el poder político y económico entiende que hay un “exceso de libertad” y estima necesario limitar (o suprimir) derechos para alumbrar un nuevo modelo social. Ninguna traba debe obstaculizar el flujo de capitales y el libre mercado, pero los ciudadanos deben ser obedientes y disciplinados, particularmente en un mundo donde una creciente desigualdad pone en peligro la paz social y la convivencia pacífica. Según el Foro Económico Mundial, la movilidad social se ha esfumado y una pequeña elite sigue acumulando riqueza, mientras niños de doce años trabajan en talleres mecánicos de Bangladesh por seis dólares al mes, según los datos de Periodismo Humano (03.12.2013). Oxfam Gran Bretaña sostiene que “la concentración de la renta se perpetúa de una generación a otra, gracias a una educación elitista y a los contactos personales entre familias adineradas”. La “igualdad de oportunidades” es una ficción retórica, pues incluso en los países presuntamente democráticos los ricos utilizan sus recursos para influir en la Administración y controlar los grandes medios de comunicación. Hasta la década de 1980, se mantuvo el pacto social firmado en la postguerra del 45, con grandes inversiones en educación y sanidad públicas y unos convenios laborales que establecían jornadas de trabajo, sueldos y pensiones que mejoraron el nivel de vida de los asalariados. Sin embargo, ese pacto se ha roto, pues las oligarquías ya no se sienten amenazadas por movimientos revolucionarios.
La crisis económica no ha afectado a las elites, que han aprovechado la coyuntura para acrecentar su patrimonio. De hecho, el 10% de las familias norteamericanas ha mejorado su situación financiera. Al mismo tiempo, el 50% de los niños y niñas recibe o ha recibido en algún momento ayuda federal o estatal para poder alimentarse. Este escandaloso cuadro de pobreza no ha modificado la política de la Administración de Obama con las grandes corporaciones financieras y empresariales. Recientemente, la senadora Elizabeth Warren denunciaba que los bancos responsables de la crisis son hoy más grandes y opacos, gracias a las inyecciones de capital público a fondo perdido. Es más, los cuatro bancos más importantes de Estados Unidos han incrementado su tamaño en un 30% y controlan más del 50% de los activos financieros. Este colosal latrocinio se debe a que las campañas electorales para el Congreso y el Senado están financiadas por las grandes empresas bancarias de Wall Street, las grandes compañías de seguros, las grandes compañías de biotecnología, las grandes compañías farmacéuticas, las grandes compañías de gas y petróleo, etc. En España y en el resto de los países de la UE se avanza en la misma dirección, lo cual explica el fenómeno de la “puerta giratoria”. Los políticos que abandonan su actividad desembarcan en grandes empresas con sueldos millonarios, contratados como consejeros delegados. Por el contrario, la población se hunde cada vez más en la pobreza y la desigualdad. En nuestro país, tres millones de personas sobreviven con menos de 307 euros al mes y más de dos millones y medio de niños y niñas sufren malnutrición. Un pediatra español afirma que ya se advierten anomalías hacia los seis años: “Están más delgados, con índices de masa corporal más baja que hace unos años”. El paro y los desahucios agravan este panorama. No hay cifras definitivas sobre el número de desahucios, pero la Plataforma de Afectados por la Hipoteca afirma que se han producido 171.110 casos desde que comenzó la crisis en 2007 y el Consejo General del Poder Judicial estima que hay casi 200.000 más pendientes de ejecución. El FMI afirma que en España se ha producido “uno de los peores deterioros absolutos en la distribución de riqueza”. En el último lustro, sólo ha crecido más la desigualdad en Lituania. Entre mediados de 2012 y la primera mitad del 2013, se ha incrementado un 13’2% el número de multimillonarios españoles (personas con un patrimonio valorado al menos en un millón de dólares, unos 740.000 euros). Es decir, unos 47.000 más de un total de 402.000. Se trata de la minoría de ricos y súper ricos que viven de espaldas a la penuria, la escasez y la incertidumbre. Nadie puede sorprenderse de que el malestar social sea cada vez más agudo y se refleje en las calles.
La ley mordaza
La Ley de Seguridad Ciudadana pretende frenar las protestas con multas y penas desorbitadas, que han suscitado incluso la preocupación de la Unión Europea. La ya conocida como “Ley Mordaza”, que reemplaza a la nefasta “Ley Corcuera” de 1992 prohíbe las concentraciones no comunicadas ante el Congreso, el Senado, los Parlamentos autonómicos y los altos tribunales. Establece multas de hasta 30.000 euros por obstruir la ejecución de un desahucio, desobedecer pacíficamente a la autoridad, negarse a facilitar la identificación personal, ofender y ultrajar los símbolos, emblemas, himnos e instituciones del Estado español o las comunidades autónomas, manifestarse o reunirse sin autorización previa, escalar edificios públicos como acción de protesta, no colaborar con la policía. Se considera infracciones leves con multas que oscilarán entre los 100 y los 1.000 euros: fotografiar, grabar y distribuir imágenes de la policía en el ejercicio de sus funciones; injuriar, calumniar o faltar el respeto a las autoridades, agentes y empleados públicos; ocupar espacios comunes, públicos o privados; colocar tiendas de campaña o tenderetes sin permiso en la calle; retirar las vallas de la policía que delimitan perímetros de seguridad; extraviar más de tres veces el DNI en un plazo de cinco años. Si sumamos a estas prohibiciones, la reforma del Código Penal impulsada por Alberto Ruiz-Gallardón, Ministro de Justicia, que establece seis meses de prisión por ocupar una sucursal bancaria, dos años por interrumpir el transporte público, cuatro años por resistirse a la autoridad y un año por utilizar cualquier medio de difusión para incitar al desorden público, obtenemos un panorama que no guarda ninguna semejanza con un país libre y democrático.
Algunos entendemos que la Ley de Seguridad Ciudadana y la última reforma del Código Penal son la mejor expresión de un sistema político y constitucional ideado por el ala reformista del franquismo. No es una casualidad que entre los Padres de la Constitución se hallen Manuel Fraga Iribarne (Ministro de Información y Turismo), Gabriel Cisneros (Delegado Nacional de la Juventud), Miguel Herrero y Rodríguez de Miñón (letrado del Consejo de Estado) y José Pedro Pérez-Llorca (letrado de las Cortes Generales), todos ellos figuras destacadas del franquismo, que juraron lealtad al Caudillo y el Movimiento Nacional. Los otros ponentes (Miquel Roca, Jordi Solé Tura y Gregorio Peces-Barba) encarnaban los postulados de la socialdemocracia y el nacionalismo burgués. El resultado fue un texto que consolidaba la Monarquía como forma del Estado, aceptando la voluntad del franquismo de convertir al rey en una figura inviolable e inimputable, lo cual le situaba por encima de la ley. Al igual que el Caudillo, Juan Carlos I sólo respondería ante Dios y ante la Historia. La Nación española se proclamaba indivisible y las Fuerzas Armadas se encargarían de garantizar su unidad.
Nada que celebrar
35 años después el Estado español mantiene a 200.000 víctimas del franquismo en 2.500 fosas clandestinas, no se ha juzgado a los responsables del genocidio ni a los criminales que cometieron torturas y asesinatos entre 1939 y 1975. De hecho, España ha acumulado posteriormente varias condenas por violaciones de los derechos humanos y, con las nuevas leyes, ha revelado su faz más autoritaria, penalizando cualquier forma de protesta. Sólo la iniciativa de la justicia argentina ha permitido que famosos torturadores como José Antonio González Pacheco, alias Billy el Niño, y el ex capitán de la Guardia Civil Jesús Muñecas Aguilar desfilaran ante la Audiencia Nacional. Algunos opinamos que la Ley de Seguridad Ciudadana no es una impugnación de la Constitución de 1978, sino un fruto previsible que revela la continuidad entre el franquismo y la Monarquía de Juan Carlos I. Hoy es 6 de diciembre y no hay nada que celebrar. José Bergamín nos dibujó el porvenir que nos aguardaba, pero casi todos los poetas nacen bajo el signo de Casandra y muy pocos les escucharon. Alfonso Sastre, otro escritor postergado y maldito, escribió hace un tiempo: “sin justicia, el orden público es la peor guerra posible”. No se me ocurre una descripción mejor para esta España amordazada, apaleada, humillada y desesperanzada.



ESCRITO POR RAFAEL NARBONA

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