Salvador Puig Antich, una de los últimas personas asesinadas por la dictadura |
Durante el tiempo que estuve realizando el servicio militar en la Legión,
la más que remota posibilidad de tener
que verme en un frente de batalla y disparar a un anónimo soldado, con independencia
de su nacionalidad o credo, hizo que me plantease en más de una ocasión cual
sería mí reacción, sabiendo como sé que
soy un bicho raro que la violencia no le gusta ni en las películas del oeste,
que no veo. No me tengo por valiente,
pero tampoco creo ser un cobarde, pero la posibilidad de enfrentarme a alguien de manera violenta, para mí está fuera de lugar. Por mucho que
intento comprender a aquellos que
defienden, justifican, firman o ejecutan la pena de muerte, no me llega el entendimiento.
Pienso que aquel que mata a otra persona, además de ser un
enfermo, es un criminal sin conciencia ni moral alguna.
Porque una persona normal nunca puede considerar justo un crimen, y
menos por motivos económicos o políticos.
Nadie que no tenga una mente criminal puede considerar que la ejecución
de una persona que piensa diferente puede ser un acto de justicia.
Cuando según el historiador Paul Preston, Franco leía y
firmaba las sentencias de muerte de los condenados “mientras comía”, “tomando
café antes de la siesta” o “viajando en coche”. Como un “mero trámite”, como
las calificó el genocida dictador, padrino del rey, en alguna ocasión. De él no se podía esperar otra cosa, era un
asesino, una mente criminal que tuvo a España dividida hasta después de su
muerte, entre vencedores y vencidos.
Muy diferente la actitud del último primer ministro de la
República, Juan Negrín, que se opuso a la rendición incondicional de la República
ante los fascistas porque “Yo no
entrego indefensos a centenares de españoles para que Franco se dé el placer de
fusilarlos”. Demostrándose que sus temores
estaban más que fundados.
Solo, pues, desde
mentes criminales o tiránicas se puede defender la pena de muerte, ninguna
persona tiene el poder sobre la vida de otra.
Yo creía que eso estaba más que claro, en nuestros tiempos, en esta
sociedad presuntamente democrática, sin embargo veo que no es así, que hay
personas que siguen justificando asesinatos, que se atreven a decir que una
sentencia de pena de muerte contra un militante antifranquista, “hace 40 años quizás
fue justa”. Sabiendo que esa persona fue el redactor único de la sentencia que
condenó Salvador Puig Antich a morir a garrote vil, que fue quien decidió, casi
más que el juez, que se produjese un asesinato, diga que no se arrepiente y que
hace 40 años pudo ser justa, habla por si solo del tipo de persona que es.
Con la elección de ese abogado, por parte del partido
podrido, para defender un supuesto “montaje” de “autoespionaje” a Alicia
Sánchez-Camacho, está claro que por el camino que camina el partido neofascista
español.
Publicado también en: Unidad Cívica por la República
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